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Chile. Carretera Acceso Sur a Santiago: La Autopista de la Injusticia
Recibida de Foro Ciudadano el 06-07-2005 a las 12:07

En 1999 se comenzó a construir la Carretera Acceso Sur a Santiago que unirá la capital de Chile con las regiones VI y VII del país con el fin de facilitar el transporte de carga comercial y de personas hacia el norte y sur. Pero no todo lo que brilla es oro, en algunos tramos la autopista pasa por las comunas de La Pintana y La Granja, específicamente, por la puerta de las casas.

Las y los vecinos están molest@s. Alegan que no se les consultó nada, que no se previeron las consecuencias medioambientales y sociales en el proyecto y que el Ministerio de Obras Públicas no les entrega información clara ni soluciones duraderas. Ante esta situación, se organizaron y protestaron, incluso, encadenándose a las puertas de la oficina del ministro de Obras Públicas. En la actualidad, las obras están detenidas en algunas partes de estas comunas.

Organizaciones de la sociedad civil ven en la construcción de esta carretera el í­cono de la injusticia social y medioambiental: quienes pagan las consecuencias no serán las y los futuros usuarios. En el sur de Santiago, el asfalto quema bajo los pies.

Con 266 kilómetros de longitud, el proyecto de la Carretera Acceso Sur a Santiago pretende unir la Región Metropolitana con las regiones VI y VII para facilitar el transporte de carga internacional e interregional y el desplazamiento de vehí­culos particulares. Además, ayudará al desarrollo industrial al hacer más expedito el flujo de cargas hacia los puertos de la V región. Se cree que por ahí­ podrí­an pasar unos 25 millones de viajeros al año.

Si bien las informaciones sobre este proyecto acotan que mejorará la seguridad de los habitantes de la zona donde se construye porque incorporará calzadas y pasarelas, no contempla explí­citamente que en los treinta kilómetros en que esta autopista pasa por las comunas de La Granja y La Pintana, en Santiago, lo hace por medio de un túnel que está ubicado en la puerta de las casas de la avenida La Serena, según los vecinos, justo debajo de las rejas.

Para poder comenzar la construcción, el Ministerio de Obras Públicas expropió las viviendas afectadas que se ubicaban a un lado de la carretera. Fue ahí­ cuando, según las y los habitantes del sector, recién se enteraron que pronto pasarí­a por ahí­ una autopista de alta velocidad. Sin embargo, el MOP no compró las casas de la vereda del frente y se dio inicio a las obras en septiembre de 1999.

"Primero empezaron con el tema de las expropiaciones, quedaron los peladeros y luego estamos sufriendo la construcción al lado de nuestras casas", relata Marcelo Cisternas, dirigente y vocero del Consejo Ecológico Territorio de La Granja y La Pintana, una organización vecinal creada a causa de este problema.

Quienes habitan en el sector afectado por la construcción, aseguran que al momento de demoler las viviendas expropiadas no se desratizó ni desinfectó la zona. Fue la primera consecuencia que debieron sufrir y vendrí­an otras. De acuerdo a lo que declaran en una carta entregada al MOP, a partir de este momento se vieron afectados por "la proliferación de plagas de roedores, garrapatas, sarna, daños en las viviendas aledañas, accidentes, molestias sufridas por los vecinos, permanente contaminación atmosférica, ruido, etc.".

Las mujeres son las más afectadas con esta situación. Son ellas las que pasan mayor tiempo en las casas, las que deben lidiar con el polvo, el ruido y las molestias de la construcción y, ciertamente, las que velan por prevenir los accidentes en su familia.

Son cerca de 400 las viviendas que se encuentran en la franja que no estuvo contemplada en la expropiación. El Ministerio les ha ofrecido arrendar a un buen precio las casas mientras se termina la carretera, pero las y los vecinos no consideran que esta sea una solución definitiva ya que, una vez de vuelta a sus hogares, deberán vivir con automóviles que pasas a 120 km/hr bajo sus pies.

"Hacer la carretera a 50 cm. de las casas y pagarle un bono, el cual no soluciona el problema, sigue siendo con engaño, porque resulta que ven la necesidad de la gente, juegan con la dignidad de la gente. Aquí­ no se construye de la misma forma que se construye en otros lados. Aquí­ no hay gente que vive como en la Costanera Norte. Si es que yo vivo en La Granja y La Pintana y viene el MOP a ofrecerme un arriendo por $400.000 mensuales durante 18 meses, son $7.200.000"¦ eso es lo que le ofrecieron a algunas casas de la franja afectada y no a toda la franja que se está construyendo, pero eso no soluciona el problema. Hubo familias que aceptaron, pero eso no ha pasado, es un ofrecimiento", manifiesta Marcelo Cisternas.

De acuerdo a la agrupación vecinal y a organizaciones de la sociedad civil que han estado estudiando este problema, las autoridades medioambientales han realizado una serie de resoluciones en que indican que la construcción de la Carretera Acceso Sur a Santiago no cumple con las normativas, pero los organismos

"Hay resoluciones de calificación ambiental que no se están cumpliendo. Hay auditorí­as ambientales que la Corema conoce hace más de tres años que no se están cumpliendo, por ejemplo, en el aumento de las partí­culas y los contaminantes propios de la construcción, en el aumento de los ruidos, en los lavados que necesitan los camiones que van transitando, en la señalética, hay accidentes que han ocurrido, más de cuatro, donde los costos han tenido que costearlos los mismos vecinos", señala Luz Marí­a Fariña, periodista encargada de comunicaciones de la Fundación Terram, una organización que ha estado asesorando a los vecinos de La Granja y La Pintana..

Uno de estos accidentes tuvo como protagonista a un joven que cayó desde quince metros al hoyo del túnel. Se encuentra hospitalizado y debieron insertarle seis pernos, pero las autoridades aún no se han pronunciado sobre el caso.

Reforestar con bonsai

Alrededor de tres mil árboles fueron arrancadas para posibilitar la construcción de este proyecto. En zonas donde las áreas verdes escasean como el dinero para construirlas y mantenerlas, la pérdida de la vegetación se siente.

"Hay una diferencia muy grande en cuanto a áreas verdes. Si nosotros tomamos la misma superficie del nororiente de Santiago, (Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia) y si tomamos las comunas del sector sur de Santiago (Puente Alto, La Florida, La Pinta, La Granja y San Ramón) vemos que el nororiente tiene 20.3 mt2 de área verde por persona, son 650.000 habitantes, sin embargo, el sector sur tiene 2.3mt2 por persona", aclara Tomás Recart, coordinador de Proyectos Puente del Centro de Polí­ticas Públicas de la Universidad Católica.

Las y los habitantes de los sectores afectados aseguran que las autoridades prometieron que reforestarí­an y construirí­an un parque para las comunas. Sin embargo, esa área verde ahora no figura en el proyecto.

Asimismo, en la zona donde se construye el túnel tampoco es posible plantar nuevos árboles. "En el mismo diseño del proyecto, al ser un túnel, la capa que queda arriba para la reforestación es de 10 cm.", explica Luz Marí­a Fariña, quien agrega "No sé en qué estaban pensando, si se iban a plantar bonsai"¦ desde un principio se sacaron los árboles y no se pensó de qué manera se iban a volver a ponerlos".

La falta de un pulmón verde en estas comunas será mucho más acentuada ahora que deberá soportar el paso de cientos de vehí­culos diariamente, aumentando la contaminación. De acuerdo a las y los expertos, un caso emblemático de injusticia mediomabiental y social.

"Hay un tema de injusticia medioambiental que se repite en todo tipo de conflictos tanto ambientales como urbanos, en este caso son las autopistas. Los costos de estas grandes obras de construcción y de estos proyectos de crecimiento son traspasados a las comunidades, a los habitantes directamente y no son previstos de una manera apropiada en el diseño de los proyectos", afirma la representante de Terram.

Fariña es enfática al declarar que "el proyecto Acceso Sur, a mi juicio, es un ejemplo claro de discriminación social", argumenta que se trata de un proyecto "que no va en beneficio directo de los pobladores de La Granja y La Pintana; es un proyecto que se contradice absolutamente, además, con el desarrollo de nuestra ciudad con el tema de la contaminación. Tenemos una ciudad muy contaminada y estamos construyendo obras que promueven el uso del automóvil. Tenemos un tema económico aquí­ que prima frente a la salud de los pobladores, frente a los derechos tanto ambientales como sociales de quienes habitan al lado de la construcción", declara.

Para Tomás Recart lo que sucede en el sur de Santiago es una consecuencia de cómo se ha pensado la ciudad en las últimas décadas. "Las polí­ticas de vivienda, de los "˜80 y "˜90, han generado una ciudad sumamente segregada que incide en muchas cosas: en los presupuestos de los municipios, Vitacura tiene casi diez veces más de lo que tiene San Ramón y no es un presupuesto proporcional a la cantidad de personas sino que hay una desigualdad muy grande; hay un desequilibrio tremendo en la cantidad de metros cuadrados de comercio, servicios y áreas verdes por personas, eso para mí­ es alarmante", señala.

El ingeniero civil en transportes aduce que más allá de construir nuevas carreteras o ampliar las lí­neas del Metro, en Santiago es necesario ampliar la oferta de servicios y empleos a todas las áreas de la ciudad para que las personas no tengan necesidad de desplazarse "¿Por qué no pensamos en hacer una ciudad más equitativa en vez de gastar mucho en infraestructura? La idea es acortar esas distancias", dice.

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